De acuerdo a las leyes de la mayoría de los estados, extorsión (en inglés extortion) significa obtener propiedad o dinero por medio de una amenaza, intimidación, o una falsa demanda de propiedad. La definición es aún más amplia bajo las leyes federales.
La clásica versión cinematográfica de extorsión por la “mafia” es sólo una de las representaciones de lo que constituye extorsión en Estados Unidos. Ofrecerle al propietario de un negocio “protección” si hace pagos regulares y amenazarlo con ocasionar daños o quemar el negocio si se niega, es extorsión. Pero, de acuerdo a la legislación, no la única forma de cometer una extorsión.
Legislación de Extorsión en Estados Unidos
La extorsión federal se enfoca en amenazas con perjuicio a -o iniciadas por- empleados federales y amenazas que involucran a más de un estado. Una amenaza de violencia al Presidente, Vicepresidente, o al funcionario sucesor en el cargo en caso de muerte constituye una extorsión bajo ley federal. El amenazante no necesariamente busca adquirir una propiedad o dinero para cumplir con los requisitos de extorsión.
La ley federal incluye chantaje, es decir recibir algo de valor a través de una amenaza de difusión de información, como una forma de extorsión. Una persona que exhorta a un empleado público a otorgar una porción de su salario por medio de amenaza, fuerza o intimidación, también es culpable de extorsión. De igual manera, amenazas por correo con el propósito de adueñarse de un objeto de valor también constituyen extorsión.
La Oficina Federal de Investigaciones (F.B.I., por sus siglas en inglés), menciona ransomware, que es un tipo de extorsión informática, como una tendencia en pleno crecimiento. Ransomware ocurre cuando un individuo o grupo encripta los archivos en el sistema de un tercero para confiscarlos y pide un rescate para permitirle el acceso. Se usa principalmente para acosar a empresas y el FBI estima que en 2015 generó un costo de 24 millones de dólares a empresas de Estados Unidos.
Una extorsión federal es considerada un delito grave, castigable con hasta 20 años de prisión federal.
Sistema Penitenciario Federal
La Oficina de Prisiones (B.O.P., por sus siglas en inglés), tiene a su a cargo el sistema penitenciario federal de Estados Unidos. Quienes hayan recibido condena por violar una ley federal, como por ejemplo extorsión, son encarcelados en instalaciones federales por el término de su sentencia. Aunque es cuestionable que las prisiones federales son más seguras y ofrecen mayores comodidades que las prisiones estatales porque albergan menos reclusos sentenciados por crímenes violentos, ninguna cárcel es un lugar totalmente seguro.
El sistema penitenciario federal cuenta con instalaciones de mínima, media, y máxima seguridad, y el sitio asignado a un individuo depende del crimen por el que haya sido convicto y la sentencia emitida. Si bien la extorsión no es por naturaleza un delito violento, si la extorsión se llevó a cabo a través de amenazas de violencia, la instalación donde el reo será alojado dudosamente será una de mínima seguridad.
Por otro lado, mientras que una condena estatal limita el área de encarcelamiento dentro de los límites físicos de la jurisdicción, las cortes federales poseen jurisdicciones más extensas. Una condena por un delito cometido en Maryland podría resultar en un encarcelamiento en Arizona, lo que dificultaría las visitas regulares.
